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Casi dos años después de que una pareja gay de San Luis Potosí denunciara que fue detenida de forma arbitraria y maltratada por la policía mientras estaba de vacaciones en la Zona Romántica de Puerto Vallarta, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha concluido que agentes municipales vulneraron sus derechos humanos y está instando al gobierno municipal a ofrecer reparación y completar los procedimientos disciplinarios contra los implicados.
La decisión se anunció en un comunicado de prensa del Movimiento por la Igualdad en México (Movii).
El caso que involucra a Christopher Duifhuis Rivera y Juan Manuel López llamó mucho la atención en julio de 2024, después de que la pareja acusara públicamente a agentes de la policía de Puerto Vallarta de discriminación, uso excesivo de la fuerza y detención ilegal durante lo que describieron como una salida nocturna rutinaria en el distrito LGBTQ+ de la ciudad. Puedes leer aquí nuestra noticia original.
El caso se mantuvo en el foco público en gran medida gracias a la defensa y el apoyo del Vallarta Gay+ Community Center y del Movimiento por la Igualdad en México, que ayudaron a documentar las denuncias, apoyar a las víctimas y exigir responsabilidades. Activistas de ambas organizaciones sostuvieron que el incidente reflejaba preocupaciones más amplias sobre el presunto acoso y la extorsión policial dirigidos a residentes y turistas LGBTQ+ en la zona de ocio nocturno de Puerto Vallarta.
El incidente también reavivó preocupaciones de larga data dentro de la comunidad LGBTQ+ de Puerto Vallarta por las denuncias de acoso y extorsión policial en la Zona Romántica. En los últimos años, Out & About PV ha documentado múltiples quejas de turistas y residentes LGBTQ+ que denunciaron que la policía municipal los detuvo a altas horas de la noche, los amenazó con arrestarlos y los presionó para que pagaran en efectivo para evitar la detención.
Activistas dijeron que la detención en 2024 de Duifhuis Rivera y López López parecía encajar en un patrón preocupante que circulaba desde hacía años dentro de la comunidad LGBTQ+, aunque pocos casos dieron lugar a conclusiones formales por parte de las autoridades.
En marzo de 2025 se celebró una reunión comunitaria para abordar las preocupaciones sobre la seguridad y los abusos policiales. Puedes leer esa historia aquí.
En la Propuesta de Conciliación 67/2026/III, la comisión de derechos humanos determinó que agentes de la Dirección de Seguridad Pública de Puerto Vallarta vulneraron los derechos de la pareja a la libertad personal, la seguridad jurídica, la integridad personal y a no sufrir discriminación.
Según la comisión, las pruebas toxicológicas realizadas a la pareja ese mismo día dieron resultados negativos, lo que debilitó las acusaciones de que estaban consumiendo sustancias ilegales en público. A pesar de esos resultados, el entonces juez municipal Felipe Abarca Hernández ordenó que cada hombre cumpliera 36 horas de cárcel o pagara una multa de 2.071 pesos.
La pareja acabó pagando un total de 4.142 pesos para conseguir su libertad.
La comisión también concluyó que los agentes de policía utilizaron dispositivos de inmovilización que causaron lesiones en las muñecas de ambos hombres.
La resolución ordena al alcalde de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía González, garantizar que se completen las investigaciones administrativas contra cuatro agentes de policía y, si se confirma una conducta indebida por parte del exjuez municipal, que se añada una anotación a su expediente laboral.
La comisión también pidió al gobierno municipal que reembolse íntegramente a la pareja las multas que pagaron, al dictaminar que las sanciones carecían de base legal suficiente.
Además, la resolución ordena al Órgano Interno de Control de Puerto Vallarta concluir el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 38/2024 con decisiones debidamente fundamentadas y respetuosas con las garantías del debido proceso para los funcionarios públicos implicados. También se instruyó a la Comisión de Justicia y Estado de Derecho del ayuntamiento a reconocer formalmente el resultado de los procedimientos administrativos.
Para las personas defensoras de los derechos LGBTQ+, las conclusiones de la comisión representan uno de los reconocimientos oficiales más claros hasta la fecha de las preocupaciones que miembros de la comunidad LGBTQ+ de Puerto Vallarta y visitantes han planteado durante años sobre la actuación policial en la zona de ocio nocturno de la ciudad.
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