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La reforma al Código Penal establece que quienes las impartan serán sancionados con cárcel y trabajo comunitario.
El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el viernes 24 de julio el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Derechos Humanos, para reformar el Código Penal del Distrito Federal con el fin de tipificar como delito las terapias de conversión que obstaculicen el libre desarrollo de la identidad sexual y la personalidad. De esta manera, cualquier persona que imparta u obligue a otra a recibir sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan este objetivo, podrán recibir penas de 2 a 5 años de prisión y 50 a 100 horas de trabajo comunitario.
Este tipo de terapias también son llamadas Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual o Identidad de Género (ECOSIG) y según la Organización Mundial de la Salud se practican en más de 68 países.
La reforma se aprobó con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones. En las horas siguientes, diversas figuras públicas manifestaron su acuerdo con dicha resolución. Jacqueline L’Hoist, fundadora del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México publicó en su cuenta de Twitter: “Afortunadamente ganó la libertad y el respeto. #NadaQuéCurar”.
Por su parte, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, declaró que “las terapias de conversión son una práctica de la inquisición. No corresponden a las libertades de esta ciudad”.
En contraposición, los dirigentes del movimiento social Frente Nacional por la Familia lanzaron un comunicado de prensa expresando que “al aprobarse esta ley, los legisladores cometieron un grave error al impedir y calificar el trabajo de cientos de miles de psicólogos como perjudicial. Lo que provocarán es evitar que alguien que desea explorar el cambio de conducta sexual a la de su identidad biológica no pueda, o no le permitan el derecho a decidir sobre su salud”.
En relación a este argumento, diversos organismos de salud internacionales han señalado desde hace varios años la carencia de fundamento científico para avalar estas prácticas. En 2012, la Organización Panamericana de la Salud señaló que “las terapias de conversión carecen de justificación médica y representan una grave amenaza a la salud y los derechos humanos de las personas afectadas”. Cuatro años después, la Asociación Mundial de Psiquiatría determinó que “no existen pruebas científicas sólidas que indiquen que la orientación sexual innata se puede cambiar”.
