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La nueva legislación establece que quienes asesoren o realicen estas prácticas se enfrentarán a una pena de prisión y trabajos comunitarios.
El pasado viernes 24 de julio, en sesión plenaria, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Derechos Humanos, para reformar el Código Penal del Distrito Federal con el fin de tipificar como delito las terapias de conversión que obstaculicen el libre desarrollo de la identidad sexual y la personalidad. De este modo, cualquier persona que realice u obligue a otra a someterse a sesiones, métodos o tratamientos psicológicos o psiquiátricos con este fin, se enfrentará a penas de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo comunitario.
Estas prácticas también se conocen con el nombre de Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual o la Identidad de Género (ECOSIG) y, según la Organización Mundial de la Salud, están presentes en más de 68 países.
#SesiónExtraordinaria | El pleno del #CongresoCDMX aprueba con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, las reformas al Código Penal DF para tipificar como delito las #TerapiasDeConversión o #Ecosig que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual. pic.twitter.com/YDQB20Xlfw
— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) 24 de julio de 2020
La reforma fue aprobada con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones. En las horas siguientes, figuras públicas expresaron su conformidad con la resolución. Jacqueline L’Hoist, fundadora del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, publicó en su cuenta de Twitter: “Afortunadamente, ganaron la libertad y el respeto. No hay nada que curar”.
Por su parte, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, declaró que “la terapia de conversión es una práctica de la Inquisición. No representan la libertad de esta ciudad”.
En contraste, los líderes del movimiento social Frente Nacional por la Familia emitieron un comunicado de prensa afirmando que “al aprobar esta legislación, el Congreso cometió un grave error al impedir el trabajo de cientos de miles de psicólogos etiquetándolo como perjudicial. Lo que están haciendo es quitarle a alguien el derecho de explorar el cambio de su conducta sexual para que coincida con su identidad biológica”.
Respecto a este argumento, organismos internacionales de salud señalan desde hace varios años la falta de base científica que avale estas prácticas. En 2012, la Organización Panamericana de la Salud señaló que «las terapias de conversión carecen de justificación médica y representan una grave amenaza para la salud y los derechos humanos de las personas afectadas». Cuatro años después, la Asociación Mundial de Psiquiatría determinó que «no existe evidencia científica sólida que indique que la orientación sexual innata pueda cambiarse».
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