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Tras la reciente dimisión de Héctor «Teto» Betancourt, dos de las principales organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ de Puerto Vallarta se han pronunciado, instando al alcalde Luis Ernesto Munguía a que nombre a una persona con experiencia, capacidad y vínculos reales con la comunidad para dirigir la Jefatura de Diversidad Sexual del municipio.
La Red Diversidad Vallarta y el Cabildo de la Diversidad de Puerto Vallarta han emitido un comunicado público en el que hacen un llamado directo a la autoridad municipal. Su principal petición es que el nuevo líder de esta oficina, creada para garantizar los derechos de la población LGBTIQ+, sea un miembro activo de la comunidad y no una figura designada por cuotas políticas.
Las organizaciones señalan que, a pesar de su importante mandato, la Oficina de la Diversidad Sexual ha tenido un comienzo difícil. En sus primeros diez meses, su operatividad se vio «significativamente limitada» por la insuficiencia de recursos humanos, materiales y financieros.
«En la práctica, la atención municipal a la diversidad sexual y de género ha sido insuficiente y no ha estado a la altura del mandato establecido en el Reglamento de Gobierno Municipal«, señaló la Red Diversidad Vallarta.
Criterios clave para el nuevo nombramiento
Para garantizar que la oficina cumpla su función y logre la inclusión que requiere la comunidad, ambos grupos exigen un nombramiento rápido, transparente y basado en la idoneidad.
Según su declaración, la persona que asuma el cargo debe cumplir tres criterios esenciales:
- Ser miembro de la comunidad LGBTIQ+.
- Poseer formación y experiencia comprobables en cuestiones de diversidad sexual y de género.
- Mantener un historial verificable de diálogo y colaboración con los grupos y colectivos locales.
«Esta figura debe estar al servicio de las personas a las que representan y no ser el resultado de cuotas políticas o de designaciones que carecen de respaldo técnico o comunitario», subrayaron.
La Red Diversidad Vallarta y el Cabildo de la Diversidad han reiterado su voluntad de colaborar constructivamente en este proceso. Su objetivo final es fortalecer las instituciones municipales y sentar las bases de una política pública más justa, incluyente y basada en un sólido enfoque de Derechos Humanos.
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