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La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco(CEDHJ) admitió una queja en contra de Judith Urióstegui Figueroa, actual coordinadora general de la Secretaría General del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, por presuntos actos de discriminación, incitación al odio y violación al principio de laicidad del estado.
La funcionaria municipal, que también se presenta públicamente como ministra de culto y líder del grupo evangélico «Justicia y Amor», ha sido acusada de utilizar su cargo público y su rol religioso para promover discursos con contenido religioso y político, así como expresiones que estigmatizan la diversidad sexual. Entre los mensajes difundidos en redes sociales y en actos públicos se encuentran frases como: «Vivimos en una dictadura transgénero», «la disforia de género es una enfermedad mental», «hay que dejar de levantar banderas LGBT», así como llamados a votar por «candidatos con valores cristianos» y posts que vinculan la identidad de género con trastornos o desviaciones.
Algunas publicaciones que Judith Urióstegui Figueroa ha hecho en las redes sociales. Ha sido acusada de utilizar su cargo público y su rol religioso para promover discursos con contenido religioso y político, así como expresiones que estigmatizan la diversidad sexual
La queja se radicó bajo el expediente 1468/2025/III, y su admisión fue notificada oficialmente mediante acuerdo emitido el 2 de julio por la Tercera Visitaduría General de la CEDHJ. En cumplimiento de la ley, se notificó formalmente al alcalde de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía González, y se solicitaron informes tanto al servidor público señalado como a las autoridades municipales involucradas.
La Comisión ha ordenado la apertura de una investigación y el análisis de las pruebas aportadas, que incluyen publicaciones en redes sociales, registros de actividades religiosas en horario laboral y actos de proselitismo. De confirmarse los hechos, el servidor público podría ser objeto de una recomendación por violación de derechos humanos y potencialmente enfrentar sanciones administrativas.
Este caso sienta un precedente significativo sobre la injerencia de las creencias religiosas en el ejercicio del poder público, así como sobre la responsabilidad reforzada de los altos funcionarios de defender el principio de laicidad y garantizar un entorno libre de discriminación para todos los ciudadanos.
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