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Activistas y ciudadanos que abogan por los derechos humanos y la transparencia gubernamental han presentado una solicitud de revisión ante el Ayuntamiento Municipal de Puerto Vallarta, cuestionando su manejo de la propuesta del Premio Paco Ruiz Vallarta de Derechos Humanos.
La concejala Melissa Madero presentó la propuesta legislativa ante el consejo el 14 de marzo de 2025. No obstante, esta fue recibida con oposición por parte de los concejales Marcia Bañuelos y Arnulfo Ortega, quienes propusieron otros nombres.
Los concejales que no apoyaron la propuesta – a pesar de haber firmado un compromiso para respaldarla en mayo de 2024 durante su campaña electoral, incluyen: Marcia Bañuelos de Aguilar, Don Chonito Arnulfo Ortega, Erika Garcia, Magda Urbina, Laurel Carrillo Ventura, Karla Rodriguez, Francisco Sanchez. El concejal Christian Bravo Carbajal se abstuvo.
El alcalde Luis Munguía – quien votó a favor de la iniciativa – propuso devolverla al comité para su estudio, siendo aprobada por 9 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones.
El Premio Puerto Vallarta se inició en 2012 como una forma de otorgar reconocimiento público a conductas o carreras ejemplares que beneficien al municipio o a sus residentes. Las categorías incluyen cultura, asistencia social, artes, turismo, medio ambiente, atletismo y desarrollo económico. Los defensores locales de la comunidad LGBTQ+ han estado buscando añadir una décima categoría para los derechos humanos. Cada premio lleva el nombre de un individuo que se destacó en esa categoría particular.
La apelación, presentada por representantes de la Red de Diversidad de Vallarta y otros simpatizantes, argumenta que el consejo violó el Artículo 57 del Reglamento del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta al devolver la decisión sobre el premio a los comités sin una votación del consejo en pleno.
Los peticionarios solicitan que la acción del consejo sea declarada nula y que la decisión sobre el premio sea nuevamente sometida a votación del Ayuntamiento en pleno, de acuerdo con la ley municipal. También solicitaron la suspensión de la decisión impugnada e instaron a la implementación de medidas para garantizar una mayor transparencia en futuras deliberaciones.
«Esta apelación constituye un paso crucial en la defensa del estado de derecho y en la lucha contra la discriminación institucional en Puerto Vallarta», manifestaron los signatarios.
Según las regulaciones municipales, el Ayuntamiento debe emitir una resolución sobre la apelación en un plazo de 10 días hábiles.
La Red de Diversidad de Vallarta afirmó que continuará monitoreando el caso e instó al público y a los medios de comunicación a mantenerse vigilantes, enfatizando que la disputa subraya preocupaciones sobre la legalidad en las decisiones del Ayuntamiento y las implicaciones más amplias de la discriminación en el reconocimiento de los esfuerzos por los derechos humanos.
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